• El gobierno estatal y el Ayuntamiento de Tijuana han sido omisos ante su obligación de implementar planes y programas de protección efectivos para personas en situación de calle y consumidoras de drogas.
• El gobierno municipal, lejos de protegerlas, puso en riesgo a poblaciones vulnerables al ordenar sus detenciones masivas y privarles de la libertad sin las medidas sanitarias requeridas.

Ensenada, Baja California, 21 de agosto 2020. Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. presentó este viernes una demanda de amparo contra el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Baja California por violar el derecho a la salud, a una vida libre de discriminación y a la integridad física de personas en situación de calle y personas usuarias de drogas ante el contexto de la pandemia por COVID-19.

Se trata de poblaciones en alta situación de vulnerabilidad que se han visto afectadas de forma diferenciada por la crisis sanitaria ante la necesidad de habitar en los espacios públicos. Además de no contar con espacios de alojamiento, estas poblaciones carecen de recursos para mantener estándares de higiene adecuados, acceso a los servicios de salud y redes comunitarias de apoyo.

Ante el contexto actual se han visto forzadas a desplazarse de los sitios que comúnmente habitan en el espacio público u ocultarse por no tener la posibilidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social o confinamiento voluntario ante la emergencia.

Pese a que las autoridades debieron poner en marcha programas y planes de protección diferenciados dirigidos a estas poblaciones, éstas incumplieron.

En el caso del gobierno municipal en Tijuana no sólo fue omisa con su obligación de atenderles con enfoque de derechos humanos y no discriminatorio, sino que promovió la detención masiva de personas consumidoras de drogas y en situación de calle como parte de diversos operativos de seguridad pública sin considerar el riesgo sanitario que involucraba para su detención.

Tan sólo entre el 29 de junio y el 27 de julio, más de 180 personas en esta condición han sido privadas de la libertad en el municipio sin que autoridades tomaran las medidas de prevención requeridas como detección de posibles casos positivos de COVID19 previo ingreso u ofrecieran condiciones óptimas de higiene y sanitización durante su internamiento.

La demanda de Documenta fue interpuesta ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en la entidad. En ella,  se solicita al Ayuntamiento de Tijuana justificar la razón por la que se detuvo de forma masiva a estas poblaciones pese al riesgo sanitario que implicaba y garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad a través de aplicación de pruebas de COVID, atención a quienes presenten síntomas, suministrando insumos de higiene y aseo personal, así como garantizando sana distancia.

Mientras que tanto a autoridades municipales como estatales se les demandó garantizar el derecho a la protección de la salud de estos grupos vulnerables ante la emergencia por Coronavirus, emitiendo las medidas necesarias para su protección y suministrando de forma urgente materiales de higiene y desinfección, cubrebocas, acceso a agua potable, acceso a lavamanos y duchas, acceso a espacios dignos y atención médica de calidad.

Finalmente se solicitó informar a las personas en situación de calle y consumidoras de drogas las medidas a implementar para su protección en el marco de la pandemia.

No existen cifras oficiales del número de personas que pertenecen a esta población vulnerable en la entidad, lo que es otra muestra de la constante invisibilización, violencia y discriminación estructural a las que se les ha sometido. Por sus características geográficas, la región aloja un alto porcentaje de personas en situación de calle que además viven violaciones a sus derechos por ser personas migrantes, una situación que también desvela la necesidad urgente de tomar medidas con enfoque de interseccionalidad.