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Detención arbitraria contra el reportero Blas A. Buendía

porMarco

Jun 13, 2022
  • ·        El gorilismo policiaco de Omar Hamid García Harfuch violentó los derechos humanos del comunicólogo; el periodista Buendía, pese a que demostró una y otra vez su inocencia, fue secuestrado en las mazmorras del ministerio público de la GAM
  • ·        Por una extraordinaria Omisión —que se tipifica como delito grave en la Ley Federal de Servidores Públicos—, la agente del ministerio público Yolanda Martínez Ríos, provocó la re-victimización del reportero de redes sociales, para ser arrestado al no reportar la liberación de su automóvil siniestrado al Registro Público Vehicular, conocido como REPUVE, que es el ente encargado de velar por la seguridad vehicular en la Ciudad de México

ALEXIS WELLS

En un operativo que ha tenido precedentes en contra de quienes caen en las garras del gorilato policiaco de Omar Hamid García Harfuch, un grupo de patrulleros arbitrarios del Territorio 4 de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ejerció la violencia en contra del reportero free lance, Blas Alejo Buendía Pozos, a quien infundadamente detuvieron por conducir un vehículo de “receptación” (mejor conocido en el argot de la delincuencia como “robado”), pese a que acreditó ante la autoridad judicial ser propietario de la unidad, cumpliendo con la formalidad de los protocolos en la materia.

Los hechos se registraron a las 12:39 horas del pasado sábado 11 de junio, en la confluencia del Eje Albino Corzo y Calzada de Los Misterios, donde elementos mal encarados que portaban sus radio-comunicaciones, uniformes, pistolas y charolas, registraron en los arcos de detección de vehículos robados, un auto de la marca Camaro modelo 98, placas 699 XGX.

Una vez detenido el periodista Buendía fue presentado ante el Ministerio Público de la GAM 4 —perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy Ramos—, donde se inició la Carpeta de Investigación CI-FIGAM/GAM-4/UI-1 y C/D/00909/06-2022, por el supuesto delito de ”encubrimiento por receptación”.

El periodista aclaró enfáticamente ser el legítimo propietario de dicha unidad, para lo cual mostró la documentación correspondiente conforme al protocolo que el caso amerita; pese a ello, todavía los policías bravucones y la indecente actuación de la Policía de Investigación, lo encerraron en las galeras subterráneas, sucias y malolientes, de la citada institución.

Previamente, al momento de su injusta detención, los uniformados ni siquiera indicaron de qué se trataba el asunto de esta arbitraria actuación, aduciendo que el  “arco” detector de autos robados había registrado el rodamiento de esa unidad, procediendo a la inmediata captura.

Cuando menos seis polizontes, con lujo de la fuerza física, subieron a una patrulla al reportero Blas Alejo Buendía Pozos, a quien en noviembre del año 2021, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, le entregaron el Premio Nacional de Periodismo, denominado Premio México Ricardo Flores Magón-2021, por una investigación que se intituló “Autogobiernos, inextinguibles infiernos penitenciarios en la Ciudad de México”.

En primera instancia, el comunicólogo —nacido en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 3 de febrero de 1953—, deliberó que su detención pudo haber sido causa de las críticas fundamentadas que ha desarrollado durante su carrera de periodista, en los desempeños que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, así de su tenebroso pasado porque el reportero es autor del libro Crímenes Ocultos de López Obrador, cuyo texto fue censurado por la nueva mafia del poder, hace más de 20 años.

Ante las instancias judiciales correspondientes, sin embargo, el licenciado Carlos Daniel Cabrera Cisneros, ministerio público de la Fiscalía de Investigación Territorial  4 de la GAM, detalló que la detención se formuló a una querella de robo promovida por un particular, para lo cual, al funcionario se le explicó que efectivamente, hace medio año el mismo periodista promovió una queja ante esta misma representación social, acusando a un mecánico de nombre Roberto Aguilera Flores, quien se comprometió a ajustar el motor del vehículo hace más de tres años, cosa que no cumplió, pero sí le birló más de 24 mil pesos.

El señor Aguilera Flores, dentro de su mecanismo de promesas incumplidas y los engaños de sus declaraciones ministeriales que no se ajustan a la realidad, se negó a regresarle el vehículo cuyo motor no quedó mecánicamente bien, sino que pretendió todavía sacarle 12 mil pesos más para entregarle la unidad por concepto de “mano de obra”, cosa que el comunicólogo se negó a seguir siendo víctima de un descarado fraude y delitos contra la paz y seguridad de las personas, antiguamente tipificado como chantaje.

El periodista Blas Alejo Buendía Pozos tuvo que acudir a la misma instancia  del ministerio público de la GAM-4, donde había entablado su demanda inicial, pero nunca imaginó que sería también re-victimizado por la propia autoridad.

Es decir, que la agente del ministerio público, licenciada Yolanda Martínez Ríos, quien en primera instancia inició y ordenó los peritajes pertinentes para deslindar responsabilidades, y una vez agotadas las investigaciones por más de un año, entregó las llaves del vehículo al propietario legítimo aclarando que “ya estaba liberado de cualquier formulismo legal”.

Confiado de ese reporte oficial, el comunicólogo normalizó su vida periodística cotidiana, pero cuál fue su sorpresa haber sido detenido tras ser detectado por el “arco” de vehículos reportados, todo porque la funcionaria pública Yolanda Martínez Ríos cometió la torpeza asociándose el grave delito de Omisión, al no reportar en tiempo y forma, la orden que ella misma firmó, y que debió dirigir al Registro Público Vehicular, conocido como REPUVE, que es el ente encargado de velar por la seguridad vehicular de la Ciudad de México.

Ante la ineptitud de la legalidad de dicha funcionaria, ésta ahora enfrentará una imputación con base a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por el Daño Moral que le ocasionó al periodista Buendía, a quien se le violentaron sus Derechos Humanos, al ser inexplicablemente esposado cuando se trata de una persona de la tercera edad, recibir amenazas, golpes, empellones y el uso de la fuerza por parte de empoderados gorilas vestidos de policías arbitrarios.

La amarga experiencia vivida por el comunicólogo no terminó ahí, sino que se enfrentó a los mozalbetes de la Policía de Investigación, una vez que pisó el terreno de ese clan de malos servidores públicos —llamado también el bunker de las mazmorras clandestinas de la GAM—.

Lo interrogaron, cuál era su domicilio, le tomaron fotografías a través de celulares para poder identificar al periodista y presuntamente ser utilizadas en su contra, por si acaso promoviera alguna denuncia mediática tanto en los medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión), así como en las plataformas de redes sociales.

El periodista Buendía, pese a que demostró una y otra vez su inocencia, fue secuestrado en las ergástulas del ministerio público de la Alcaldía Gustavo A. Madero, al ser confinado en los separos donde conoció en carne propia las lacras de la delincuencia que se aglutinan en tres calabozos donde se hallan cinco planchas de cemento en cada sección, donde duermen las personas en deplorables condiciones y que cayeron ahí por incurrir en delitos del fuero común.

Cada galera tiene una dimensión de ocho metros de largo y tres de ancho, un WC y un lavabo en condiciones insalubres, haciendo un sitio irrespirable lleno de bacterias, ya que los grandes ventanales transparentes hechos de material acrílico, tienen pequeños círculos para que supuestamente pueda entrar el oxígeno que no es basto para una población de hasta 30 detenidos en cada galera.

Desde que el Estado mexicano planteó la necesidad de establecer el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) —inaugurado por el Ejecutivo federal el 18 de junio de 2008, en el Altar a la Patria localizado en el Bosque de Chapultepec—, no ha garantizado en lo más mínimo la protección y el respeto de los Derechos Humanos de los presuntos culpables y de las víctimas.

Ha sido una total falacia del Estado que el NSPA traiga implícita la ideología del “garantismo”, rezagándose el modelo de estricta legalidad que impone límites al poder punitivo del Estado y otorgar privilegios y prerrogativas a las partes que intervienen.

El único acceso a la justicia es cuando los inocentes se enfrentan a un aparato de justicia represor, por igual no se garantiza el acceso a la justicia rápida y expedita, y mucho menos a la protección a las víctimas, a la presunción de inocencia, a la Reparación del Daño y en consecuencia, la ejecución de penas en contra de todos aquellos individuos que no cuentan con un abogado privado, ya que el de Oficio, es comparsa con los MP del propio sistema. La connivencia entre funcionarios es totalmente evidente y corruptible.

Frente a todo este esquema de putrefacción de la justicia en la Ciudad de México, debe señalarse que la sociedad está cada día más desprotegida e insegura porque se enfrenta conjuntamente a dos núcleos, por el crimen común que luego se transforma en células que están bajo el control del narcotráfico.

Y lo caótico, el Crimen Organizado que ha secuestrado a las instituciones de Seguridad Pública en pleno contubernio, es decir, los delincuentes ya se visten de policías envalentonados al portar una placa, una pistola de cargo, esposas inmovilizadoras, echándole el montón de policías gandallas a personas inocentes, a quienes insultan, golpean, roban descaradamente, violentando sus  Derechos Humanos. Ese es el tipo de ley preventiva que existe en la Ciudad de México.

La operatividad de esas dos células de delincuentes traen asolada a una  sociedad indefensa, que para colmo de males, el presidente Andrés justifica con metodologías que rayan en la locura, que “los delincuentes son humanos”, no obstante que para muchos actores políticos, se trata de un oclócrata que inició su carrera delictiva, asesinando a su hermano José Ramón López Obrador, el 8 de junio de 1969, noticia publicada un día después en los periódicos del estado de Tabasco, y a nivel nacional.

Con la pérdida del Estado de Derecho, México está viviendo el mayor de los grandes peligros para desmoronar a la República por un modelo nacional y comunista, en tanto que la sociedad se encuentra desprotegida por parte de quienes tienen la responsabilidad de la Seguridad Nacional, acciones vividas por el periodista Blas A. Buendía.