El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México negó el amparo solicitado por la empresa Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA) contra la imputación por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes fallecieron durante el festival Axe Ceremonia 2025. Con esta decisión, la empresa conserva su calidad de imputada dentro de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y se acerca el caso a su judicialización ante un Juez de Control federal.
La jueza que conoció del expediente —identificado como 68/2026— determinó que no había elementos para otorgar la protección de la justicia federal solicitada por OCESA tras la modificación de su estatus legal por parte del Ministerio Público. Ese cambio de calidad, ocurrido el pasado 14 de enero, pasó de ser parte de la investigación a ser formalmente imputada por el presunto delito de homicidio por los hechos ocurridos en el Parque Bicentenario durante la edición del festival en abril de 2025.
Esta negativa se suma a la decisión judicial en contra de un amparo similar interpuesto por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del evento, quien también buscaba evitar la imputación.
El fallo deja a OCESA como una de las cinco personas morales consideradas imputadas en la carpeta de investigación, la cual también incluye a otras empresas y personas físicas vinculadas al evento. Esta situación mantiene abierta la posibilidad de que en breve se realicen audiencias ante un Juez de Control, donde se analizarán las pruebas y se determinarán eventuales responsabilidades penales en el proceso.
Contexto del accidente y avance de la investigación
El siniestro que motivó esta investigación ocurrió el 5 de abril de 2025 durante el festival Axe Ceremonia, cuando una estructura metálica de gran tamaño colapsó dentro del recinto, golpeando a los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas mientras realizaban su labor. Ambos reporteros, acreditados y trabajando para medios independientes, perdieron la vida en el sitio tras el desplome de la estructura, generando una ola de protestas y exigencias de justicia por parte de la comunidad periodística y la sociedad civil.
La investigación, que estuvo marcada por denuncias de dilación por parte de los familiares y por diversas audiencias de omisiones ordenadas por juzgados para que la autoridad ministerial incluyera a los responsables en la investigación, avanzó con la imputación formal de OCESA y de Lobo el 14 de enero de 2026 y la posterior notificación a las partes el 20 de enero.
Reacciones y próximos pasos
La negativa al amparo representa un avance procesal en la búsqueda de justicia, aunque no cierra el caso: las empresas aún pueden interponer recursos de revisión ante un tribunal colegiado para impugnar la decisión del Juzgado de Distrito. Además, la carpeta de investigación sigue su curso y se espera que, a la brevedad, se generen audiencias de judicialización ante un juez federal.
Familiares y colectivos han demandado mayor transparencia en el proceso y han señalado posibles filtraciones de información de la FGJCDMX a las empresas, lo que, según ellos, habría permitido la presentación anticipada de amparos por parte de OCESA y Lobo.
La decisión judicial de esta semana marca un paso más en un caso que ha puesto una vez más el foco sobre la seguridad en eventos masivos, la responsabilidad de los organizadores y la exigencia de justicia por parte de los familiares de las víctimas.