Por David Landgrave Castillo
En su exposición de motivos la iniciativa del Plan B de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, reza que pretende acabar con los privilegios, dice que “La desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos Públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha Afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de Gobierno y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población Nacional, particularmente antes de 2018.”
“Los gobiernos de la Cuarta Transformación, argumenta que han impulsado como política de Estado la austeridad republicana, con el fin de corregir los desvíos de las administraciones anteriores mediante reformas y acciones que se han reflejado de manera significativa en modificaciones a la Constitución, en la simplificación de la estructura pública, además la eliminación de los privilegios del pasado”, para rematar diciendo:
“El objetivo es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues el Gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto.”
Sin embargo, el contenido de la iniciativa nos dice que “En el caso del Senado se establecen obligaciones de diagnóstico y ajuste Presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de un 15% respecto al Presupuesto aprobado en 2026, conforme a las disposiciones y valores constitucionales, para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país.” Lo que se traduce en un recorte presupuestal, pero no en corregir o impedir que la cúpula senatorial responda a los intereses de las cúpulas partidistas.
De otra parte, al reducir el número de Regidores en los Municipios y concentrar el gasto ahorrado por ese concepto en el mismo municipio para afrontar gastos en infraestructura se estaría instituyendo la figura de un Presidente Municipal rico con cabildo pobre e incentivando la corrupción sobre el tráfico de influencias para adjudicar las obras y los moches que de ello se derivarían.
Respecto de la REVOCACIÓN DE MANDATO, está iniciativa resulta retrograda ya que se propone que toda persona titular de la Presidencia de la República sólo pueda ser sujeta a un procedimiento de revocación de mandato UNA SOLA VEZ durante todo su periodo de gobierno, limitando con ello la libre participación popular y garantizando al mandatario terminar su mandato sin importar sus extralimitaciones y abusos después del ejercicio de REVOCACIÓN o incluso antes, como si su actuar, en caso de ser perjudicial a la Nación pudiera y debiera esperar a ser juzgado por el pueblo, de conformidad con los intereses del gobernante y no de los gobernados, que en definitiva somos quienes soportamos los abusos del tirano en turno
La iniciativa reduce el gasto de los congresos locales, de los OPLES, del INE y del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, pero no toca, ni señala modificaciones a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, ni en materia penal, por lo cual es fácil deducir que los postulados de combate a la corrupción que se esgrimen en la iniciativa son y serán letra muerta.
Finalmente, reducir la representación política de los municipios, que son el nivel de gobierno más cercano a la gente y el que ejerce menos recursos económicos, es atentar contra la democracia y lesionar gravemente la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, lo que contradice abiertamente todos los postulados de MORENA y la 4T.
En resumen, esta iniciativa de Reforma es todo menos electoral, ya que no toca los privilegios de las cúpulas partidistas, introduce un ajuste presupuestal al poder legislativo y a los organismos electorales y al Tribunal Electoral, como si se tratara de una reforma administrativa de corte neoliberal, y finalmente, pero no menos oprobioso, ataca la representación política de los municipios.
La iniciativa de Sheinbaum, retrata de cuerpo entero las flaquezas y debilidades de la Presidenta y su administración, al pretender rescatar su gobierno de principio a fin limitando el juicio popular y acotando su ejercicio. Con ello la titular del poder ejecutivo federal exhibe su temor de ser defenestrada del cargo y su afán por acotar o erradicar la expresión ciudadana.