Ciudad de México vuelve a ser escenario de un enfrentamiento que pone sobre la mesa uno de los temas más delicados para la capital: el poder de los grupos de comercio informal y sus vínculos con actores políticos.
La diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunciara agresiones contra ella y su equipo durante un operativo realizado en calles de la demarcación.
De acuerdo con las denuncias públicas, personas presuntamente vinculadas a organizaciones de comerciantes ambulantes habrían intervenido de forma violenta para impedir las acciones de la autoridad. Los reportes señalan daños materiales, enfrentamientos y momentos de tensión que obligaron a reforzar la presencia de seguridad en la zona.
El episodio reaviva cuestionamientos sobre la influencia que mantienen ciertos liderazgos del ambulantaje en el Centro Histórico y la Zona Rosa. En el caso de Sánchez Barrios, la controversia no es nueva. Su trayectoria política ha estado acompañada de diversos señalamientos y procesos judiciales que la han colocado constantemente bajo el escrutinio público.
Para muchos capitalinos, el problema ya no es únicamente el comercio informal, sino la percepción de que existen estructuras de poder capaces de desafiar a las autoridades cada vez que se intenta recuperar espacios públicos o aplicar la ley.
La pregunta que hoy resuena entre vecinos, comerciantes establecidos y ciudadanos es inevitable: ¿quién gobierna realmente las calles de algunas zonas de la Ciudad de México? ¿Las autoridades electas o los grupos que durante años han construido poder a través del control del espacio público?
Mientras las investigaciones avanzan y se deslindan responsabilidades, el caso vuelve a exhibir una realidad incómoda para Morena y para el gobierno capitalino: la persistente relación entre la política, el ambulantaje y los conflictos por el control de la vía pública.
Alessandra Rojo de la Vega, ¡Nos emboscaron en Zona Rosa! ya interpuso una denuncia n la Fiscalía de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable de la brutal golpiza del que fueron objetos.
La Ciudad de México enfrenta el desafío de garantizar que los operativos de ordenamiento se realicen sin violencia y que ningún grupo, por influyente que sea, esté por encima de la ley. Porque cuando las calles se convierten en territorios de disputa, los principales afectados siguen siendo los ciudadanos.