Ciudad de México.— Con una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP), encabezados por Gerardo Ríos Macías, elevaron el tono de sus acusaciones contra la dirigencia sindical y denunciaron lo que consideran una red de presuntas influencias políticas que mantiene, aseguran, paralizado al histórico organismo prendario.
Los inconformes señalaron directamente al abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, a quien identifican como asesor jurídico del secretario general del sindicato del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González. Los manifestantes sostienen que existiría un presunto tráfico de influencias derivado de las relaciones familiares y políticas del abogado, aunque hasta ahora las acusaciones expuestas por los trabajadores deberán ser acreditadas ante las autoridades competentes.
De acuerdo con los denunciantes, Arturo Alcalde Justiniani está casado con la política Bertha Elena Luján Uranga y es padre de Luisa María Alcalde Luján, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, así como de Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México. Los trabajadores hicieron referencia a estos vínculos familiares y políticos en el contexto de sus señalamientos y acusaciones, mientras que todos ellos son identificados públicamente como figuras vinculadas a Morena,
La denuncia de los trabajadores se da en medio de una crisis que, afirman, ha dejado a cerca de 1,900 empleados sin poder regresar a sus centros laborales, luego de casi 11 meses de huelga y, según su versión, 22 semanas sin recibir salario.
“Nosotros no somos esquiroles ni traidores. Si estuvieran violando nuestro contrato colectivo, seríamos los primeros en defenderlo. Lo que queremos es que se abra el Monte de Piedad y volver a trabajar”, expresó uno de los integrantes del comité sindical durante la manifestación.
“Queremos trabajar, no seguir en una huelga”
El principal reclamo de los inconformes fue contundente: aseguran que el movimiento de huelga ya no representa a la totalidad de los trabajadores y que la prolongación del conflicto está golpeando directamente la economía de cientos de familias.
“Hay compañeros que no pueden comprar los útiles y los zapatos de sus hijos. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando una solución”, denunciaron.
Los trabajadores insistieron en que su postura no es contra el Nacional Monte de Piedad, sino, por el contrario, a favor de su reapertura. Aseguraron que muchas sucursales permanecen cerradas y que la prolongación del conflicto afecta tanto a los empleados como a los usuarios que históricamente recurren a esta institución.
Durante la protesta también cuestionaron a Arturo Zayún González, a quien retaron públicamente a un debate para confrontar las versiones sobre el origen y la legalidad del conflicto laboral.
“Que se haga una auditoría. Que nos auditen a todos, a los líderes de este lado y a él también. No tenemos nada que esconder”, señalaron.
Piden intervención de Claudia Sheinbaum
Los manifestantes afirmaron que han buscado hacer llegar su inconformidad a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitaron intervenir para que se revise el caso y se encuentre una salida al conflicto.
“Estamos con la Presidenta y creemos en el combate a la corrupción, pero queremos que este caso se investigue y que se escuche a los trabajadores”, expresaron durante la movilización.
El señalamiento más delicado es el presunto tráfico de influencias que, según los trabajadores, estaría favoreciendo al dirigente sindical. Los manifestantes aseguran que la cercanía de Arturo Alcalde Justiniani con figuras de alto nivel de la vida pública y política debe ser investigada para descartar cualquier intervención o protección indebida.
Sin embargo, esta acusación deberá ser sustentada ante las autoridades competentes y, en su caso, investigada conforme a los procedimientos legales correspondientes.
La exigencia de los inconformes es clara: una investigación transparente, una eventual auditoría a las dirigencias sindicales involucradas y una solución definitiva a un conflicto que, denuncian, mantiene sin salario y sin trabajo a cientos de familias desde hace meses.
A las puertas de la Suprema Corte, el mensaje fue directo: “Ya no queremos más confrontación. Queremos que se abra el Nacional Monte de Piedad y volver a trabajar”.
Ahora, después de casi 11 meses de un conflicto que parece no encontrar salida, los trabajadores exigen que las acusaciones de fondo no queden solamente en el terreno de las declaraciones: piden que las autoridades investiguen, deslinden responsabilidades y determinen si detrás de la prolongada huelga existen realmente intereses sindicales, económicos o presuntas influencias políticas que estén pesando más que el derecho de casi 1,900 trabajadores a recuperar su empleo.
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