Sujetos que se identificaron como elementos de seguridad acudieron a un inmueble de Golfo de México 31 con una presunta orden de cateo por narcomenudeo; vecinos cuestionan vehículos sin placas, armas largas y la autenticidad del documento.
Ciudad de México.— Lo que para los habitantes de la colonia Tacuba habría comenzado como un supuesto operativo contra la venta de drogas terminó generando una serie de interrogantes sobre la legalidad del procedimiento y abrió la posibilidad de que detrás de los hechos pudiera existir un intento de despojo de un inmueble.
Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2026, en la calle Golfo de México número 31, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, donde, de acuerdo con testimonios y videos proporcionados a GR Medios, arribaron varias personas que se identificaron como integrantes de corporaciones de seguridad.
Los sujetos habrían mostrado a los poseedores del inmueble una presunta orden de cateo relacionada con una investigación por venta de drogas y pretendían ingresar al predio.
Sin embargo, los habitantes cuestionaron la autenticidad del documento y denunciaron que varios de los vehículos utilizados durante el operativo no portaban placas visibles.
Uno de los videos proporcionados a este medio muestra un automóvil azul sin placas visibles, del que una persona que aparenta ser integrante de una corporación de seguridad extrae de la parte posterior un arma larga y posteriormente la entrega a otro individuo.
Las imágenes deberán ser sometidas a los peritajes correspondientes, pues por sí solas no permiten establecer la identidad de las personas, la corporación a la que pertenecen ni determinar si las armas eran oficiales.
ARMAS, VEHÍCULOS SIN PLACAS Y UNA ORDEN CUESTIONADA
De acuerdo con los denunciantes, durante el despliegue participaron varios vehículos y al menos una unidad que identifican como perteneciente a una estructura de seguridad federal.
El punto que genera mayor preocupación entre los vecinos es que, mientras algunas personas portaban armas largas, otros vehículos aparentemente utilizados en el operativo circulaban sin placas visibles.
A los poseedores del inmueble se les habría mostrado una orden de cateo cuya autenticidad también es cuestionada.
Los denunciantes aseguran que especialistas a quienes consultaron consideraron que el documento podría ser apócrifo. Sin embargo, hasta el momento no existe un peritaje oficial que permita afirmar que la orden sea falsa.
Por ello, una de las principales interrogantes que deberán resolver las autoridades es si existía realmente un mandamiento judicial, quién lo emitió, a qué carpeta de investigación correspondía y si estaba dirigido específicamente al inmueble ubicado en Golfo de México 31.
UN ANTECEDENTE OFICIAL QUE LLAMA LA ATENCIÓN
El caso adquiere una dimensión adicional al revisar documentos oficiales de la Ciudad de México.
En un registro correspondiente al programa “La Noche es de Todos”, aparece precisamente el domicilio Golfo de México 31, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, registrado como “Sin denominación” y con fecha de intervención del 24 de febrero de 2023.
El dato es relevante porque demuestra que el inmueble ya había sido objeto de una intervención administrativa oficial años antes de los hechos denunciados en 2026.
El documento, sin embargo, no permite establecer por sí mismo cuál fue el motivo concreto de aquella intervención ni demuestra que exista una relación con el episodio ocurrido el 1 de octubre de 2026.
Precisamente por ello, este antecedente abre una línea de investigación que las autoridades deberían aclarar:
¿Qué ocurrió en ese inmueble el 24 de febrero de 2023?
¿Quién ordenó aquella intervención?
¿Qué autoridad participó?
¿Cuál fue el motivo?
¿Se levantó algún acta?
¿Existe algún procedimiento administrativo, penal o de otra naturaleza relacionado con el inmueble?
Y, sobre todo, ¿existe algún vínculo entre aquel antecedente y el operativo denunciado ahora por los vecinos?
¿OPERATIVO OFICIAL O UNA OPERACIÓN PARA DESPOJAR?
De acuerdo con los testimonios recabados, quienes acudieron al lugar habrían pretendido colocar sellos, cadenas y candados, con lo que los ocupantes quedarían impedidos para ingresar al inmueble.
Para los denunciantes, esta circunstancia es particularmente preocupante porque, si no existiera una orden judicial válida, el ingreso y aseguramiento del predio podría formar parte de una maniobra para tomar el control del inmueble.
No obstante, corresponde a las autoridades determinar si existió un intento de despojo, una usurpación de funciones, falsificación de documentos o, por el contrario, si se trató de una diligencia oficial realizada conforme a derecho.
Hasta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la autoridad judicial correspondiente confirmen los hechos, GR Medios mantiene como denuncia las versiones proporcionadas por los vecinos y poseedores del inmueble.
El material videográfico y la documentación presentada podrían ser elementos importantes para determinar si se trató de un operativo legítimo o si, como denuncian los afectados, alguien intentó utilizar la imagen y los procedimientos de una autoridad para ingresar y tomar control de un inmueble.